Historia & Docencia. Diciembre 2025 | año 15 | n. 14 | pp.252-281
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Uruguay, 1972: «El año de la furia»1
Gustavo Nieto2
Resumen
Este artículo analiza el año 1972 en Uruguay a partir del semanario
Marcha haciendo foco en tres dimensiones: la crisis económica, la violen-
cia política y la reconguración institucional. El estancamiento produc-
tivo, la inación y la escasez generaron pobreza y dependencia externa.
La represión estatal y paraestatal se intensicó al tiempo que la guerrilla
tupamara respondió con acciones armadas, lo cual derivó en una com-
pleja arquitectura jurídica represiva. El panorama se complejizó aún más
con un acelerado proceso de autonomización militar.
Palabras clave: Uruguay, 1972 – crisis económica – violencia política –
guerra interna – autonomía militar
1 Así tituló el semanario Marcha una nota de Guillermo Chiet (22 de diciembre de 1972) en su última
edición de 1972, en la que el autor realizó una cronología de lo sucedido aquel año.
2 Gustavo Nieto es profesor de Historia egresado del Instituto de Profesores Artigas (), diplomado en
Historia de la Guerra (Universidad de Champagnat, Mendoza, Argentina) y estudiante avanzado de la
Maestría en Historia Política por la Facultad de Ciencias Sociales () de la Universidad de la República
(Udelar). Su tema de investigación es la violencia política durante el año 1972 en Uruguay. La investiga-
ción que da origen a los resultados presentados en la presente publicación recibió fondos de la Agencia
Nacional de Investigación e Innovación () bajo el código __2024_1_183463.
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Uruguay, 1972: “The Year of Fury”
by Gustavo Nieto
Abstract
This article analyzes the year 1972 in Uruguay through the lens of the
weekly newspaper Marcha focusing on three dimensions: the economic
crisis, political violence and institutional reconguration. Productive
stagnation, ination and scarcity generated poverty and external depen-
dence. State and paramilitary repression intensied while the Tupamaro
guerrilla responded with armed actions, which led to a complex repres-
sive legal architecture. The state of aairs was further complicated by
an accelerated process of military autonomization.
Keywords: Uruguay, 1972 – economic crisis – political violence –
internal war – military autonomy
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Introducción
El texto que sigue analiza el año 1972 en Uruguay a través de la óptica
del semanario Marcha atendiendo a tres dimensiones principales: la crisis
económica, la intensicación de la violencia política y la recongura-
ción institucional a partir de la polarización y la autonomización de los
militares.
Marcha fue un semanario que se publicó todos los viernes desde su
aparición en 1939 hasta que, en noviembre de 1974, la dictadura civil-mili-
tar lo clausuró. Además de Carlos Quijano, su director, en las páginas del
periódico escribieron destacados intelectuales considerados «la primera
generación crítica del siglo uruguayo» (De Sierra, 1990, p.334), como
el lósofo Arturo Ardao, el maestro Julio Castro y los autores Juan Carlos
Onetti, Guillermo Chiet y Mario Benedetti, entre otros. Con una pré-
dica que era «política, no partidaria», así como «nacionalista, en cuanto
antiimperialista; y demócrata social, en cuanto socialista» (Alfaro, 1984,
p.43), Marcha bregó durante toda su existencia por la «independencia
económica» de América Latina frente a Estados Unidos para obtener la
«segunda emancipación» y lograr que los latinos dejaran de ser «colonos
mentales» (De Sierra, 1990, pp.338-343). Durante el momento de po-
larización que este trabajo estudia, el semanario de Quijano se mostró
duramente crítico con el gobierno y defensor inclaudicable de las liber-
tades individuales y los derechos humanos.
El lector debe saber que este no intenta ser un análisis del 72 per se,
sino de la interpretación que de aquel año realizó el semanario Marcha.
Por tal motivo, el trabajo se limita a la utilización de dicha fuente, aun-
que de forma excepcional se citan algunas referencias historiográcas.
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Asimismo, al tratar el texto sobre un período temporal tan delimitado y
acotado, toda la situación política, económica y social previa se da por
entendida. Por último, cabe destacar que el trabajo no seguirá un orden
cronológico, puesto que su estructura responde a un criterio analítico.
La realidad económica:
«Vivimos en estado de guerra […] con economía de guerra»3
La violencia política y la polarización generada en el momento que resultó
ser la antesala del golpe de Estado suelen concentrar las miradas sobre
el período. No obstante, es pertinente repasar algunas de las mayores
complejidades que la economía de los uruguayos atravesaba en el 72.
Cuando en mayo de aquel año la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe () difundió algunos indicadores económicos
sobre los países de Latinoamérica, se conoció que durante 1971 Uruguay
había sido el único del continente cuya economía no solo no había crecido,
sino que, por el contrario, experimentó un decrecimiento de un 1 % de su
producto bruto interno (). Los datos desglosados indicaron una caída
general en la producción de las principales ramas del sector primario:
cayó un 6 % la lana, 6 % la leche, 4 % el trigo, 48 % el lino, 14 % el arroz
y 25 % el girasol. La producción agropecuaria también sufrió una caída
del 2 %, mientras que la industria disminuyó un 3 %. Marcha atribuyó
en sus páginas la responsabilidad al gobierno y su política económica,
a la cual tildaba de «descabellada y prepotente» al tiempo que indicaba
que «ha llevado al país al colapso», que lo dejó en «la ruina económica»
y «hundido en una miseria moral sin precedentes».4 Sin embargo, más
allá del balance del año anterior, realizado a la luz de las cifras difundidas
3 Marcha. (26 de junio de 1972). La dicultad de comer.
4 Marcha. (13 de mayo de 1972). Frutos de una política.
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por la , a solamente dos semanas de haber asumido el gobierno
de Bordaberry, el semanario ya instalaba la idea de la crisis generalizada
armando que «la producción está estancada o en retroceso», por lo cual
el per cápita «no aumenta», a la vez que «no se conoce con exactitud
las cifras del endeudamiento externo, que nos asxia».5
Los síntomas de la crisis que más golpearon a la población fueron la
inación y la escasez. Respecto a la carestía, ya en la primera semana del
año se denunciaba la indiscriminada suba de precios, del 30 %, el 50 % e
incluso del 100 % de algunos artículos, suba que se atribuía a la resolución
gubernamental de eliminar la exigencia a los importadores de declarar
ante la Comisión de Productividad, Precios e Ingresos () su stock en
depósitos previo a la variación en la paridad monetaria, lo cual les permi-
tió especular y aumentar los precios de sus productos. Se denunció, por
ejemplo, a una marca de yerba que había tramitado la importación para
cubrir todo su stock de 1972 con el tipo de cambio vigente en diciembre
de 1971, aunque la mercadería fuese a llegar a lo largo del año siguiente.
De tal forma, decía Marcha, «las nuevas disposiciones le revalorizan a 75
pesos el quilo [sic] de yerba que hasta hace poco valía 50», y añadía que
ese tipo de medidas signicaba una «gran cosecha para los especuladores
y el encarecimiento brutal para el pueblo».6
Las dos veces en el año que el Poder Ejecutivo anunció la suba de
los salarios (abril y octubre), el tema de la carestía volvió a nutrir las pá-
ginas del semanario. Cuando en abril Bordaberry decretó un aumento
salarial general del 20 %, el periódico destacó que el costo de vida habría
aumentado en los últimos meses un 28 %, por lo cual la suba de salarios
era menor que el aumento de los precios. La disparidad entre el ansiado
aumento de salarios y la suba acumulada de los precios fue calicada con
5 Marcha. (17 de marzo de 1972). Balance necesario.
6 Marcha. (7 de enero de 1972). Especular es ganar.
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epítetos como «mazazo a la economía familiar», «castigo descomunal»
y «despiadada paliza».7 En octubre, el aumento salarial promedió entre
el 20 % y el 30 % dependiendo la rama laboral, pero el semanario volvió
a criticar que la suba de los salarios era inferior al alza continua de los
precios, lo que generaba un efecto inacionario sostenido. En ambas
instancias, Marcha acompañó las críticas con el rechazo al organismo
gubernamental encargado del control de precios y salarios: la . En
abril sostuvo que «luchar por su abolición es un imperativo insoslayable»,8
mientras que distintos sindicatos reclamaban lo mismo.9
Pero el elevado costo de los productos no era el único problema
que debían enfrentar los uruguayos. A la carestía se le sumó la escasez,
puesto que, según informaba el periódico, conseguir los bienes de con-
sumo básico se volvió una tarea difícil. A lo largo del año se informó,
directa e indirectamente, de la falta de productos en los almacenes y
supermercados. Arroz, yerba, aceite, azúcar, leche, harina, dulce de leche
y cigarrillos, entre otros tantos productos, se volvieron cosas que resul-
taba difícil conseguir.10 La escasez alcanzó incluso a la energía eléctrica
y el papel, motivo por el cual Marcha atravesó severas dicultades para
sacar alguna edición. Los columnistas lanzaron duros dardos sobre la
situación, llegando a sostener que «sobre praderas fértiles y rodeados de
un mar rico en peces, nos encontramos ahora, sin embargo, abocados al
problema de comer».11
7 Marcha. (7 de abril de 1972). Que pague la oligarquía.
8 Marcha. (7 de abril de 1972). Abolición de .
9 Marcha. (4 de agosto de 1972). La protesta de la clase media; Chiet (1972). Es llamativo que, según
expresó el semanario, el reclamo por el desajuste entre los aumentos salariales y el alza de los precios
fue compartido por diputados ocialistas y hasta por la Cámara de Industrias.
10 Satirizando sobre la escasez de productos de consumo básico, en la edición de Marcha del 14 de abril,
Pancho (seudónimo utilizado por el dibujante Francisco Graells) caricaturizaba a una madre contándole
a sus hijos a punto de dormir un cuento que comenzaba: «Había una vez yerba, azúcar, harina, arroz,
papas, carne, café…».
11 Marcha. (23 de junio de 1972). La dicultad de comer.
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El problema se sostuvo en el tiempo y alarmó a los ciudadanos, que
se acumulaban en las largas colas para conseguir alimentos. Pero si la
dicultad parecía no poder ser mayor, la situación se agravó cuando
el Poder Ejecutivo decretó la veda de carne vacuna, lo que impidió el
consumo del principal producto de la economía nacional y uno de los
más consumidos por los uruguayos. A partir de julio, quedó totalmente
prohibida la venta de carne en todo el territorio nacional, medida que
fue tomada por el gobierno para paliar la caída del stock de novillos y las
consecuentes dificultades para la exportación del más importante
rubro nacional. Ante el anuncio de tal prohibición, el semanario vatici-
naba que el país sufriría «muy pronto y con una agudeza sin precedentes
lo que es el desabastecimiento masivo en los aspectos fundamentales de
la alimentación de su pueblo»,12 como también sostenía, desde hacía ya
un tiempo, lo inverosímil que resultaba que «en este país de vacas, los
uruguayos tengamos que pasar meses comiendo solo deos y patatas».13
Ambos síntomas de la crisis económica que atravesaba el país —la
inación y la escasez— derivaron en un mal mayor: el hambre. A lo largo
del año, distintas crónicas y columnas destacaron el problema que la
alimentación signicaba para muchos uruguayos, y se llegó a informar
que Uruguay había sido declarado zona de hambre por la (Food and
Agriculture Organization [Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura]).14 En abril se comunicó la muerte de un
niño por desnutrición en Paso de los Toros, y el semanario sostuvo que
«la miseria cobra en este país diariamente sus víctimas».15
12 Marcha. (7 de abril de 1972). Carne y abstinencia.
13 Marcha. (11 de febrero de 1972). La carne y la rosca.
14 La es un organismo de la (Organización de las Naciones Unidas) que ofrece asistencia técnica
para garantizar la seguridad alimentaria a los países con problemáticas de este tipo. Cuenta también con
planes de apoyo para alimentar a la población vulnerable de los distintos países.
15 Marcha. (21 de abril de 1972). Otras formas de la violencia.
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Al margen de las críticas a las dicultades cotidianas que supuso
la crisis económica, también se cuestionó la política económica del
gobierno en términos de macroeconomía. La política monetaria fue
duramente castigada por las columnas económicas de Marcha. Cuando
en abril el gobierno comenzó a realizar pequeñas y periódicas deva-
luaciones monetarias,16 desde el semanario se criticó que «las llamadas
minidevaluaciones» signicaban una «devaluación permanente» que
generaba, a su vez, una «inestabilidad permanente». Al mismo tiempo, se
armó que se trataba de una medida «puramente monetaria y que, por
tanto, nada fundamental resuelve».17 Por otro lado se rechazaba la siste-
mática práctica de recurrencia a la asistencia nanciera de organismos
internacionales18 destacando que los préstamos del Fondo Monetario
Internacional () y de otras instituciones agravaban la dependencia
del país y convertían a Uruguay en un Estado insuciente y únicamente
viable con el sostén de otros.
Todo lo expuesto tornó la situación en un caos extremo y dejó la eco-
nomía, que ya estaba herida, al borde del colapso. A pesar de la violencia
y la polarización política que vivía el país, que demandaba la atención
de la ciudadanía, la crisis económica fue motivo de malestar y reclamo
sistemático por parte de distintos sectores de la población. Los paros y
las huelgas de los distintos sindicatos de variados rubros, como también
los paros generales, se sucedían semana tras semana. En determinado
16 Entre abril y diciembre se realizaron nueve «minidevaluaciones»: del 4,82 % el 10 de abril, del 3,19 %
el 9 de mayo, del 4,96 % el 30 junio, del 4,89 % el 17 de agosto, del 4,89 % el 8 de setiembre, del 3,22 %
el 26 de setiembre, del 4,93 % el 2 de noviembre, del 3,67 % el 29 de noviembre y del 3,87 % el 19 de
diciembre. Estas «minidevaluaciones» se sumaron a la devaluación inicial del 100 % que realizó Bordaberry
al asumir la presidencia. En suma, el dólar comercial, que costaba $ 250 el 1 de marzo de 1972, cerró el
año rondando los $ 725 (Demasi, 1996).
17 Marcha. (14 de abril de 1972). Venia contra venia, puesto contra puesto.
18 Durante 1972, Uruguay recibió cuatro préstamos del Fondo Monetario Internacional () por un
total aproximado de 98 millones de dólares en distintos formatos. Además, recibió un préstamo de 22
millones de dólares del Banco Mundial y 40 millones de dólares de bancos privados norteamericanos
(Demasi, 1996).
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momento se sumaron a las protestas por la economía diversos sectores de
las capas medias, como las gremiales de baristas, almaceneros, criadores
de aves y propietarios de autobuses y taxímetros. En la esfera política, a
pesar de la oposición de algunos sectores, el ministro Francisco Forteza
se mantuvo rme en la cartera de Economía y Finanzas19 y nunca llegó
a ser interpelado debido a la falta de quorum en las cámaras. Del mismo
modo, las comisiones investigadoras sobre economía del Parlamento se
paralizaban constantemente por la atención que demandaba la «guerra
interna».
Tempranamente en el mes de abril, un editorial sintetizaba la dura
situación económica que atravesaba el Uruguay y que continuaría atra-
vesando el resto del año:
El alza del costo de vida, las acentuadas escaseces de artículos esenciales, las
congelaciones por un lado y las devaluaciones por otro, el descaecimiento en
cifras absolutas y relativas de nuestro comercio internacional, la marcha zig-
zagueante y renqueante de los salarios tras los precios, son, junto con muchos
otros fenómenos, síntomas del mismo fenómeno: la caducidad de las estructuras
económicas y sociales.20
Polarización y terror:
«Uruguay hoy produce violencia tan naturalmente como carne o lana»21
En 1972 el país heredó los elevados niveles de violencia política y polari-
zación que se habían intensicado en los años precedentes, caracterizados
por la represión estatal de la movilización popular y el enfrentamiento
de las fuerzas de seguridad con la guerrilla tupamara. Sin embargo, pese
a su carácter continuista y carente de novedad, durante el 72 la violencia
19 Solamente dejó el ministerio en noviembre, cuando renunció junto a los demás ministros de Unidad
y Reforma (lista 15) en protesta por la detención del líder del sector, Jorge Batlle.
20 Marcha. (7 de abril de 1972). Las raíces del desequilibrio.
21 Marcha. (10 de marzo de 1972). Fuego en la asamblea.
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experimentó un crecimiento exponencial tanto en su magnitud como en
la complejidad y severidad de sus manifestaciones.
El carácter «hereditario» de la violencia política respecto a los años
previos es un elemento que Marcha hizo notar en sus primeras ediciones
anuales. La segunda edición luego de la asunción del nuevo gobierno el
1 de marzo reejó la «sospecha» que suscitó en el semanario el hecho de
que las autoridades entrantes adoptaran «la misma actitud de compli-
cidad encubierta, de tolerancia y hasta de sostén» del gobierno saliente
en relación con «las archidocumentadas torturas que llevan a cabo las
Fuerzas Conjuntas» y con «la acción de los organismos parapoliciales
tipo Escuadrón de la Muerte».22
A lo largo del año, es notoria la diferenciación que hizo Marcha entre
la violencia ejercida por el Estado o por grupos paraestatales —a la cual
dene como violencia de derecha— y la violencia llevada a cabo por la
guerrilla —llamada revolucionaria—. Sin embargo, cataloga una y otra
violencia como terrorista.
En casi la totalidad de las ediciones se informa de episodios que dan
cuenta de la violencia estatal y paraestatal. Las principales acciones de
violencia cometidas por el Estado consistieron en la masicación de las
detenciones y la prisión, la sistematización de la tortura, los atentados
con bombas y el asesinato.
El uso de la prisión política como estrategia represiva fue un elemento
característico de la represión del Estado uruguayo, principalmente durante
este año. Edición tras edición el semanario de Quijano informaba de la
detención de militantes de izquierda e incluso daba cuenta de casos en
extremo particulares, como el del exdiputado Ariel Collazo, detenido
tras solamente 48 horas de haber perdido sus fueros; la detención del
diputado suplente Washington Ferrer, quien estaba preso cuando fue
22 Marcha. (10 de marzo de 1972). Crueldad y cambio de imagen.
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convocado a asumir la banca, o la prisión del ex candidato a intendente de
Canelones por el Frente Amplio Ramón Legnani. Respecto al extendido
uso de la prisión política, Correa Morales (2018) arma que 1972 fue el
año con más detenciones políticas en el interior del país, incluso más que
durante los años de dictadura, mientras que a nivel nacional hubo apro-
ximadamente 20 000 detenciones por motivos políticos. Marcha satirizó
sobre la situación en su edición del 30 de junio de ese mismo año, cuando
el caricaturista Pancho representó al presidente Bordaberry invitando a
una mujer a pasar a una jaula mientras exclamaba «¡Entrá nomás! ¡Ahí
quedarás denitivamente a salvo…!».23
El exponencial aumento de los detenidos en este período fue
acompañado por el deterioro de las condiciones de reclusión. Ya en
el inicio del año se armaba que «el pasaje de 1971 a 1972 supuso un
agravamiento de la situación que soportan los presos políticos»,24 al
tiempo que se ponía énfasis en la deciente situación de algunos centros
de reclusión en particular, como las unidades militares y las cárceles de
Punta Carretas y Punta de Rieles. En este último establecimiento se en-
focaron las críticas, armando que contaba con «todos los dispositivos
de seguridad que hicieron célebres a los campos de concentración de la
Alemania nazi: nidos de ametralladoras, torres de vigilancia, potentes
reectores y perros amaestrados».25 En reiteradas ocasiones, cuando se
lo mencionó en distintas notas, se hizo referencia a él como el campo
de concentración. Las inhumanas condiciones a las que eran sometidos
los detenidos también fueron denunciadas con insistencia por Marcha,
que una y otra vez informó sobre las deplorables condiciones de higiene,
alimentación y servicios de salud. Por último, el constante maltrato
23 Marcha. (30 de junio de 1972). No es chiste.
24 Marcha. (21 de enero de 1972). Informe sobre presos políticos.
25 Marcha. (21 de enero de 1972). Informe sobre presos políticos.
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recibido por los presos —e incluso por sus familiares— fue destacado
en las páginas del semanario.
La tortura fue otra de las características de la represión de lo que resultó
ser la antesala del golpe de Estado. Al igual que con los demás signos de la
violencia política estatal, la tortura no apareció como elemento novedoso
en 1972, pero sí creció en frecuencia e intensidad. En enero el semanario
denunciaba el uso de apremios físicos en los distintos centros de reclusión.
Dos meses más tarde se informó sobre el uso sistematizado de la tortura
en unidades militares del interior del país armando incluso que detenidos
inocentes admitían falsos delitos para evitar ser torturados:
Cuando un indagado que se sabe inocente le ruega al magistrado que lo está
juzgando que lo procese para ser remitido a la cárcel y evitar así volver al cuartel
donde fue torturado es porque el tormento físico y el suplicio moral han sido
tremendos. Y cuando un juez, por razones humanitarias, accede a un pedido de
esta naturaleza, aunque le consta la inocencia del indagado, queda demostrada
su impotencia para combatir —con los medios a su alcance— la barbarie y se
consagra denitivamente la impunidad de los torturadores.26
Otra manifestación de «la violencia terrorista ejercida desde arriba»
y el «terrorismo de derecha»27 fueron los atentados con bombas. El uso
de explosivos tampoco era novedad en la época, pero sí lo fueron las
bombas de plástico, dispositivos de alto poder destructivo que suplantaron
al molotov, las bombas de fabricación casera y la dinamita. Sobre esta
novedosa y peligrosa arma Marcha armó que «entre otras ventajas posee
la de no dejar rastros» y que «su manipulación y uso exigen instrucción
muy especializada».28 Los atentados cometidos con bombas de plástico
fueron casi cotidianos durante el 72.
26 Marcha. (24 de marzo de 1972). Paso de los Toros. Torturas en dependencias del Ejército.
27 Marcha. (7 de abril de 1972). La subversión permitida.
28 Marcha. (7 de abril de 1972). La subversión permitida.
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La violencia política implicó también el asesinato. A lo largo del año
se mencionan numerosos casos, aunque solo se profundizó en algunos
de ellos, como ocurrió con los crímenes de Íbero Gutiérrez, Luis Batalla
y Joaquín Klüver.29
El terror político aplicado por el Estado de las diversas formas men-
cionadas fue ejercido por las propias fuerzas de seguridad estatales
—la Policía y las Fuerzas Armadas ()—, por organizaciones políticas
autónomas como la Juventud Uruguaya de Pie o por organizaciones
paraestatales como los escuadrones de la muerte, grupos que, destaca
el semanario, «han sido presumiblemente organizados, instrumentados,
armados y protegidos por el mismo gobierno».
30
En algunas de las crónicas
que narran diversos atentados se señala a estas organizaciones clandestinas
como las responsables, e incluso hubo algunos delitos rmados por ellas;
el Comando Caza Tupamaros, por ejemplo, se adjudicó el asesinato de
Íbero Gutiérrez.
Las víctimas del «terrorismo de derecha» solían ser, además de los
guerrilleros, los familiares y abogados de los presos políticos, los mili-
tantes y dirigentes frentistas, los docentes de educación secundaria y
universitaria y, por último, algunos miembros de la Iglesia.31 Problema-
tizando la idea de «lucha antisubversiva», expresaba el semanario:
Para el sistema, lo subversivo es probablemente el pueblo. Armado o desarmado.
De lo contrario, no se explica por qué la represión incluye no solo a los guerrilleros
propiamente dichos, sino también a militantes de base de los partidos políticos, a
dirigentes sindicales, a obreros, a empleados bancarios, a simples pegatineros…32
29 Salvo el caso de Íbero Gutiérrez, que fue previo a la orden de seguridad n.o 1, la atención que se
prestó a los otros dos casos seguramente se haya debido a la exposición del tema en el Senado por parte
de los legisladores frentistas.
30 Marcha. (14 de abril de 1972). Introducción a la violencia buena.
31 Marcha. (7 de abril de 1972). La subversión permitida.
32 Marcha. (30 de junio de 1972). Uruguay, no cuentes con ellos.
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Como ya se mencionó, Marcha también hizo referencia a la violencia
«revolucionaria» ejercida por la guerrilla tupamara sin vacilar en catalo-
garla como «terrorista». Pese a las disposiciones de censura que impedían
hacer mención a los actos cometidos por las organizaciones armadas,
criticó en reiteradas ocasiones la acción directa y sus consecuencias. De
esta forma, condenó «sin reparos» el crimen del peón rural Pascasio
Báez, al cual catalogó de «insensatez monstruosa»,33 así como también
repudió el asesinato del coronel Artigas Álvarez, un «acto de locura cri-
minal» según el semanario.34
Para culminar este apartado, resulta relevante subrayar que los acon-
tecimientos del 14 de abril35 representaron un hito determinante y un
punto de inexión en la dinámica de la violencia política de 1972.36 En
pocas horas la Asamblea General aprobó la declaración del estado de
guerra interna y la suspensión de las garantías individuales, medidas
ambas solicitadas por el Poder Ejecutivo. A partir de allí las fuerzas de
seguridad tuvieron vía libre para hacer uso de su poder bélico sin límite
alguno, situación que se mantuvo durante el resto del año sobre la base
de una arquitectura jurídica represiva acerca de la cual se profundizará
más adelante. Por su parte, luego de los episodios del 14 de abril, los
ministerios del Interior y de Defensa emitieron la orden de seguridad
n.o1, que prohibía a la prensa hacer mención de las actividades de los
grupos armados o discutir las acciones de las fuerzas de seguridad en
33 Marcha. (23 de junio de 1972). La muerte de Pascasio R. Báez.
34 Marcha. (28 de julio de 1972). Una vez más.
35 Por la mañana y el mediodía del 14 de abril de 1972, la guerrilla tupamara cometió una serie de
operaciones militares cuyo saldo fue la muerte de cuatro miembros de la seguridad del Estado. A esto
las fuerzas represivas respondieron con distintos operativos que resultaron en el fallecimiento de ocho
tupamaros.
36 No obstante, si bien en su primera edición luego de la declaración de la guerra interna Marcha
armó que «nunca las bombas fueron tantas», previo a los episodios del 14 de abril ya sostenía que la
frecuencia de los «atentados terroristas de derecha» había aumentado «hasta llegar prácticamente a la
cotidianidad» (Marcha. [21 de abril de 1972]. El régimen va a la guerra; Marcha. [7 de abril de 1972]. La
subversión permitida).
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represalia de estos. De esta forma, Marcha solamente pudo informar los
episodios de la violencia política pos abril replicando los comunicados
ociales o las actas parlamentarias que narraban los hechos.
La política: «El régimen va a la guerra»37
Pese a la magnitud de la crisis económica y a los elevados niveles de po-
larización y violencia, la dimensión político-institucional de 1972 revistió
igualmente una importancia y trascendencia signicativas en aquella
coyuntura histórica. A los discutidos resultados electorales de noviembre
del 71 y las polémicas del escrutinio se sumaron las complejas condicio-
nes de gobernabilidad, la engorrosa legislación represiva y el proceso de
autonomización e insubordinación de los militares.
El polémico resultado electoral de noviembre de 1971, que depositaba
en la presidencia a Juan María Bordaberry producto de que el Partido
Colorado aventajaba por escasos votos al Partido Nacional, generó recla-
maciones y denuncias.38 Estas provocaron, a su vez, que el escrutinio se
extendiera de forma peculiar, al punto de que el resultado fue ocializado
recién en febrero. En su primera edición del año, Marcha se sumó a la
versión del fraude y sostuvo que, si bien no se había «podido compro-
bar plenamente», se habría cometido «una maniobra cuidadosamente
planeada, masiva y fraudulenta» durante la campaña y el acto electoral.
Mientras, calicó el escrutinio —que en ese mismo momento estaba
llevándose a cabo— de «por lo menos, turbio».39
A la semana siguiente, el semanario enfatizó su postura armando
fervientemente que «Bordaberry no ganó la elección» e intentó generar
suspenso sosteniendo que se habría comprobado «fehacientemente la
37 Marcha. (21 de abril de 1972). El régimen va a la guerra.
38 Para un análisis profundo de las irregularidades denunciadas por el Partido Nacional, véase Corbo (2009).
39 Marcha. (7 de enero de 1972). El retorno de los brujos.
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existencia de votos dobles computados al Partido Colorado», por lo cual
«la diferencia sobre el Partido Nacional desaparecería».
40
Finalmente,
una vez que la Corte Electoral anunció la validación de los resultados y
Bordaberry asumió como nuevo presidente, Marcha presagió la continui-
dad del pachequismo armando el 3 de marzo que «el régimen continúa»
y advirtiendo que un gobierno continuista llevaría al país «al borde de la
guerra».
41
Para terminar de recibir al gobierno entrante, la nota editorial
de esa misma edición expresaba:
¿Alguien cree honradamente que el país puede soportar otros cinco años de me-
didas de seguridad, de cierres de diarios y periódicos, de prisión por resolución
administrativa, de torturas, de encarcelamientos que se mantienen luego de
ordenada la liberación por la justicia, de violación reiterada de todos los derechos
y garantías individuales, de constantes atentados, que han ido extendiéndose y
han quedado constante y sospechosamente impunes?42
Una vez asumido el mandato, el nuevo gobierno tuvo que afrontar su
primer gran desafío: conseguir alianzas extrapartidarias para lograr una
mayoría parlamentaria que le permitiera gobernar. La tarea fue asumida
directamente por el presidente Bordaberry. Rápidamente se reunió con el
líder de la facción mayoritaria del Partido Nacional, Ferreira Aldunate, a
quien le propuso alcanzar un «gran acuerdo nacional»; debido al rechazo
del líder nacionalista, esta iniciativa no tendría éxito. En junio, tras varios
meses de negociaciones, el presidente anunció el ansiado acuerdo, que
nalmente logró con el sector herrerista del Partido Nacional, liderado
por Martín Echegoyen. Esto, junto con los votos colorados de Unidad y
Reforma, le otorgaría la mayoría en ambas cámaras.43
40 Marcha. (14 de enero de 1972). La elección y sus sombras.
41 Marcha. (3 de marzo de 1972). El régimen continúa.
42 Marcha. (3 de marzo de 1972). A la paz por la justicia.
43 El acuerdo implicó la inclusión de tres ministros blancos: Luis Balparda (Ministerio de Industria y
Energía), Carlos Abdala (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) y José Manuel Urraburu (Ministerio
de Transporte y Obras Públicas). Durante los meses que duró la negociación, Pancho caricaturizó la
situación desde su segmento humorístico «No es chiste». En la edición del 14 de abril se podía ver a
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La reacción de Marcha fue catalogar el acuerdo de «pacto chico»,44
puesto que no había incluido «a los sectores que recogieron las dos terceras
partes de los votos del lema “Partido Nacional”» ni tampoco «a todos los
grupos del lema “Partido Colorado”».45
La actividad parlamentaria del nuevo gobierno fue intensa durante
1972, dado que, en el marco de la creciente polarización política, el Ejecu-
tivo llevó adelante una compleja arquitectura jurídica que progresivamente
fue legitimando e institucionalizando la represión. Entre abril y julio, el
gobierno logró aprobar el estado de guerra interna, la suspensión de las
garantías individuales y la Ley de Seguridad del Estado y del Orden Interno.
Luego de los episodios del 14 de abril, el Poder Ejecutivo declaró el
estado de guerra interna por 30 días y solicitó la anuencia para suspender
las garantías individuales por el mismo tiempo. Ambas solicitudes fueron
aprobadas por la Asamblea General con los votos de la totalidad de las
bancadas colorada y nacionalista, mientras que los legisladores frentistas
votaron en contra. Declarar que el Estado estaba en situación de guerra
habilitaba a los militares a juzgar a los civiles, lo cual era, según Marcha,
un viejo anhelo del gobierno. Por su parte, la suspensión de las garantías
individuales regía respecto a los artículos constitucionales número 11
(según el cual el hogar es un sagrado inviolable), 15 (que prohíbe detener
personas «sino infraganti delito»), 16 (que expresa que los detenidos de-
clararán ante un juez dentro de las 24 horas próximas a la detención), 17
Martín Echegoyen sentado en una mesa, con un plato en la mano, expresando: «¿Un chinchulincito?
[…] ¡Cómo no! Con bastante ensalada, por favor» (Marcha. [14 de abril de 1972]. No es chiste). Mientras,
Bordaberry, vestido de mozo, asomaba una bandeja servida de «entes», «embajadas» y «jefaturas». El 2
de junio, cuando las conversaciones ya se extendían más de lo esperado por Bordaberry, el caricaturista
representó al líder herrerista solicitando al presidente «un poco más de responsabilidad de gobierno»
para que no «quede nadie afuera» (Marcha. [2 de junio de 1972]. No es chiste). La semana siguiente,
cuando se agotaba el tiempo y el gobierno necesitaba cerrar las mayorías parlamentarias, Pancho dibujó
a Bordaberry arriba de un vehículo notoriamente descompuesto, gritando «¡a ver si suben de una vez,
que, si no, no vamos a llegar a ninguna parte!» mientras abajo se ve una revoltosa disputa entre personas.
44 Marcha. (30 de junio de 1972). Pacto chico.
45 Marcha. (16 de junio de 1972). Acuerdo, metas y opinión extranjera.
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(sobre la posibilidad de interponer el recurso de habeas corpus), 28 (acerca
de la inviolabilidad de la correspondencia) y 29 (referente a la libertad de
pensamiento y expresión).
La primera edición del semanario de Quijano posterior a estas me-
didas fue la del 21 de abril. Allí criticó la falta de solidez jurídica de la
medida armando que «se inauguró un concepto sin ninguna tradición
ni mención constitucionales», dado que «el estado de guerra interna no
tiene rango constitucional previsto», sino que «la Constitución de la Re-
pública habla simplemente de la guerra» a secas.46 Por otro lado, Marcha le
atribuyó intencionalidades al gobierno al sostener que con dicha medida
«el Ejecutivo saca adelante su tesis» de que los civiles sean juzgados por
militares, algo que el gobierno «ya […] pretendía».47
Tanto la declaración de guerra interna como la suspensión de las
garantías individuales fueron renovadas por la Asamblea General en
reiteradas oportunidades. En el caso del estado de guerra interna esto
ocurrió dos veces, en mayo y en junio, y solo dejó de regir cuando se
aprobó una nueva gura jurídica similar. Por otro lado, las garantías
constitucionales volvieron a ser suspendidas en cuatro ocasiones, lo que
signicó que, a partir de abril, estuvieron suspendidas todo el año. La
anuencia para renovar reiteradamente estas medidas fue posible gracias a
los votos de los acuerdistas; los legisladores wilsonistas votaron en contra
cada vez que se propuso la renovación.48 Por su parte, el Frente Amplio
se opuso constantemente a las medidas represivas en el recinto parlamen-
tario, y Seregni pronunciaba multitudinarios discursos que llamaban a la
46 Marcha. (21 de abril de 1972). El régimen va a la guerra.
47 Marcha. (21 de abril de 1972). El régimen va a la guerra.
48 En mayo, la primera vez que el Ejecutivo solicitó la anuencia para renovar tanto el estado de guerra
interna como la suspensión de garantías, el wilsonismo presentó una moción para que se renovara
solamente la guerra interna. Al ser rechazada esta, la bancada liderada por Ferreira Aldunate votó
negativamente a ambas renovaciones (Marcha. [16 de mayo de 1972]. La batalla por la paz).
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«pacicación del país» apelando a la historia nacional, que ofrecía vastos
ejemplos de conictos armados resueltos mediante una «tregua de paz».
La otra gran apuesta jurídica del gobierno en 1972 fue la Ley de
Seguridad del Estado y del Orden Interno, proyecto que el propio Eje-
cutivo envió al Parlamento a pocos días de haber asumido. Ese primer
diseño de ley propuesto por Bordaberry en marzo implicaba, en términos
generales, el ensanchamiento de la jurisdicción de la justicia militar al
ámbito civil y la eliminación del habeas corpus, es decir, la jación por ley
de lo mismo que establecían las medidas que habían sido aprobadas de
forma temporal: el estado de guerra interna y la suspensión de garantías.
Marcha criticó duramente la iniciativa armando que el Ejecutivo «no cree
en los jueces del Poder Judicial», por lo cual pretendía con este proyecto
«desplazar toda esta materia de la seguridad del Estado hacia los jueces
militares». Vaticinaba, a su vez, que su aprobación «equivaldría, de hecho,
a consagrar la pena de muerte».49
Pese a la inicial negativa del wilsonismo a apoyar la medida, sumada
al rotundo rechazo de la bancada frentista y a la inexistencia aún de un
acuerdo entre el ocialismo y parte de la oposición, los episodios del 14
de abril parecen haber generado la reconguración de algunas volunta-
des políticas y, además de las ya mencionadas aprobaciones de la guerra
interna y la suspensión de garantías, el proyecto de Ley de Seguridad del
Estado cobró vida nuevamente.
Un proyecto sustitutivo fue presentado por los senadores Eduardo
Paz Aguirre (de Unidad y Reforma) y Dardo Ortiz (de la vertiente wilso-
nista) en mayo. Esta nueva versión difería de la original presentada por
el Ejecutivo en marzo en cuanto a que no contaba con la eliminación
del habeas corpus,50 pero sí mantenía la expansión de la jurisdicción de la
49 Marcha. (17 de marzo de 1972). ¿Ley de seguridad o matanza legalizada?
50 Cuando en octubre el Ejecutivo volvió a solicitar la prórroga de la suspensión de garantías, el sema-
nario expresó: «Lo que el Ejecutivo no pudo sacar por ley […] ahora la Asamblea General se lo regala
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justicia militar. Este proyecto alternativo fue aprobado por la cámara baja
a nes del mes de junio y a la semana siguiente recibió los votos nece-
sarios en el Senado. Solamente lo reprobaron los legisladores frentistas
argumentando la inconstitucionalidad de que los militares juzguen civiles.
Marcha expresó que el wilsonismo, por su parte, solamente se había
dedicado a «buscar algunas podas y otros retoques», pero destacó que
sus votos fueron fundamentales para la aprobación del proyecto.51 A su
vez, respecto al posicionamiento político de algunos grupos colorados
y blancos el semanario sostenía que «la crisis y los intereses de minorías
han llevado a sectores de esos partidos a tirar por la borda ciertos enfo-
ques liberales y a identicar con el fantasma de turno a todos aquellos
que buscan un camino para el país».52 A esta misma actitud le atribuía el
fracaso de la iniciativa del Frente Amplio de investigar en comisión las
denuncias de torturas y el accionar «terrorista» de grupos paraestatales.53
Una vez promulgada la Ley de Seguridad del Estado y del Orden
Interno, el gobierno se abocó a un nuevo proyecto jurídico autoritario
para intentar sanear lo que entendía era uno de los focos de la subversión:
la educación.54 En el mes de octubre, el presidente y su ministro de Edu-
cación, Julio María Sanguinetti, enviaron al Parlamento, con carácter
de «urgente consideración», un proyecto de ley de educación. Marcha lo
por vía de anuencia» (Marcha. [6 de octubre de 1972]. La prórroga que unos votan y otros sufren). Cabe
destacar que en esa oportunidad la bancada wilsonista no dio sus votos, pero la anuencia fue aprobada
de igual forma.
51 Marcha. (30 de junio de 1972). Los partidos y la ley de seguridad.
52 Marcha. (10 de marzo de 1972). Fuego en la asamblea.
53 Cuando nalmente se pudo formar, luego de tres meses, la comisión en el Senado, su funcionamiento
fue magro: «A puertas cerradas, sin taquígrafos y con apenas un funcionario» (Marcha. [9 de junio de
1972]. Tablero político).
54 Durante el año se sucedieron atentados contra docentes de secundaria y universitarios, así como
los ataques a distintos centros de enseñanza. Particularmente, en agosto se orquestó «una ofensiva
coordinada y se incrementó la magnitud de la violencia» contra los liceos de Montevideo (Marcha. [18
de agosto de 1972]. Secundaria en la mira del fascismo). En pocos días fueron atacados los liceos Bauzá,
Zorrilla, Rodó, Dámaso, Varela, Miranda, y los liceos n.o 26, n.o 9 y n.o 8. En este último fue asesinado
de un disparo un estudiante.
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criticó duramente desde un principio —incluso cuando era un rumor
y no había sido enviado al cuerpo legislativo— y le dedicó numerosas
notas en sus ediciones de los últimos meses del año, para las cuales invitó
a opinar a reconocidas personalidades vinculadas a la enseñanza.55
Una vez presentado el texto al cuerpo legislativo y a la sociedad por
cadena nacional de radio y televisión, el semanario de Quijano criticó no
solamente el contenido de la norma, sino la forma de abordar el tema y
lo inadecuado del momento de su planteo: «Como si la encrucijada de
problemas no planteara excesivas dicultades y riesgos, el Poder Ejecu-
tivo suma un nuevo motivo de conictos […], sin consultas previas».56
La solicitud de trámite urgente también fue cuestionada, puesto que le
asignaba «un trámite parlamentario abreviado y preferencial».
Se anunció que sería creado un Consejo Nacional de Educación de
cinco miembros designados por el presidente y el ministro. Para Marcha,
esto convertiría a la educación en «un ente autónomo» que no escaparía
a «los vicios y deciencias que aquejan a toda nuestra administración pú-
blica». La nota culmina rechazando la pérdida de autonomía que sufriría
la enseñanza a causa de la «subordinación lisa y llana del sistema edu-
cativo» al mismo sistema político que generó un «régimen de terror».57
Finalmente, pese a la recepción de las objeciones de los profesionales
en la materia y a las multitudinarias movilizaciones en rechazo del
proyecto, este fue aprobado en Diputados a mediados de noviembre y
recibió la sanción completa en el Senado durante los primeros días del
año siguiente.
55 Entre otros, criticaron el proyecto en las páginas del semanario Óscar Maggiolo (rector de la Ude-
lar), Eugenio Petit Muñoz, Roque Faraone y Víctor Brindisi (presidente de la Federación Uruguaya de
Magisterio []) (Marcha. [22 de setiembre de 1972]. ¿Control político de la enseñanza?).
56 Marcha. (13 de octubre de 1972). Bajo el manto de la «ley de educación».
57 Marcha. (13 de octubre de 1972). Bajo el manto de la «ley de educación».
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Para cerrar el año en términos de arquitectura jurídica represiva,
el gobierno comenzó a plantear la posibilidad de enviar al Parlamento
dos nuevos proyectos: uno de reglamentación sindical y otro de «estado
peligroso». Marcha se hizo eco de los rumores, pero durante 1972 no
pasaron de ser tales.
El ascenso de los militares: «¿Quién manda en este país?»58
Desde que el entonces presidente Pacheco decretó que los mandos mi-
litares se encargasen de la «lucha antisubversiva» en setiembre de 1971,
comenzó un proceso de autonomización política por parte de las
que culminó con el golpe de Estado y la instauración de la dictadura
civil-militar en 1973. Entre la orden de seguridad n.o 1 —que, de forma
sintética, establecía tres etapas en el accionar contra el «enemigo interno»:
1) asegurar el normal desarrollo de las elecciones nacionales de n de año,
2) derrotar militarmente a la subversión y 3) elaborar planes de desarrollo
nacional—, emitida con carácter de secreto en setiembre del 71 por los
mandos castrenses,59 y los hechos de febrero y junio de 1973, que suelen
ser considerados como el proceso del golpe, se sucedió una serie de mo-
vimientos políticos trascendentes para el ascenso de las , cada vez
con mayor grado de autonomía y de sublevación ante el poder político,
hacia la administración del Estado. 1972 fue, así, un punto de inexión
trascendental en el proceso de autonomización de los militares.
Tempranamente, en el mes de abril, el Poder Ejecutivo debía renovar
todas las jefaturas departamentales de Policía del interior del país, movi-
miento ante el cual la Unión Nacional Reeleccionista le solicitó colocar
en dichos cargos a dirigentes colorados para contrarrestar el peso político
58 Así tituló Marcha su edición del 20 de octubre de 1972, el punto más álgido del proceso de autono-
mización militar.
59 Junta de Comandantes en Jefe. (1978). El proceso político. Las fuerzas armadas al pueblo oriental (Vol. 2).
Fuerzas Armadas Uruguayas.
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de los 12 gobiernos departamentales adquiridos por el Partido Nacional.
A su vez, los «blancos acuerdistas» también reclamaban algunas de esas
jefaturas como parte del acuerdo político que por entonces buscaban
cerrar con el gobierno. Sin embargo, Bordaberry optó por colocar en 17
de las 18 jefaturas a ociales superiores del ejército, fundamentalmente a
coroneles.60 Este movimiento, aunque signicó un primer acercamiento
entre Bordaberry y los mandos militares, no alertó al ambiente político.
Con la vigencia del estado de guerra interna primero y de la Ley de
Seguridad del Estado y del Orden Interno después, las funcionaron
con alto grado de autonomía en términos militares, pero el proceso de
autonomización fue también acompañado por gestos políticos. Así, en
pleno enfrentamiento militar entre las y la guerrilla tupamara, el
senador frentista Michelini denunció en julio que estaban desarrollándose
conversaciones entre algunos mandos militares y los jefes guerrilleros
para lograr una tregua, principalmente en el Batallón de Infantería n.o1,
ubicado en el barrio montevideano de Buceo.61
Esto fue desmentido en el momento por los mandos castrenses, pero
Michelini volvió a insistir en el Senado con que las conversaciones se ha-
bían llevado a cabo. Si bien en el momento Marcha no opinó al respecto y
se limitó a replicar los comunicados de las y los discursos de Michelini
en el Senado, tiempo después se supo que lo denunciado por el senador
frentista había acontecido, conrmado incluso por el propio Bordaberry
(Lessa, 1996). En paralelo al gobierno, el general Gregorio Álvarez (jefe
del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas), el coronel Ramón
Trabal (jefe de Inteligencia Militar) y el general Esteban Cristi (jefe de la
Región Militar n.o 1) negociaron con los líderes de la guerrilla una posible
rendición a cambio de que los militares ocuparan lugares centrales en el
60 Marcha. (28 de abril de 1972). Tablero político.
61 Marcha. (4 de agosto de 1972). Parlamento y ejército.
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gobierno y tomaran medidas sociales y económicas compartidas por los
tupamaros. Las negociaciones fracasaron una vez que Bordaberry tomó
conocimiento de ellas y ordenó su nalización.
Otro signo de la autonomización militar con alto grado de insubor-
dinación se manifestó en el incumplimiento de la orden de liberar a cua-
tro médicos detenidos en el Batallón n.o6 de Caballería. Allí estuvieron
detenidos y fueron torturados por varias semanas los doctores Francisco
Isern, Washington Zapata, Carlos Benavidez y Luis Díaz, y pese a que el
juez militar de turno ordenó su liberación, los médicos fueron conducidos
nuevamente a la unidad militar, donde volvieron a ser torturados.62 Este
episodio generó una crisis importante en el gobierno: las órdenes iban
de arriba abajo y rebotaban sin seguir una línea jerárquica sólida. Según
el relato de Marcha,
la determinación ministerial había seguido la siguiente trayectoria: el ministro
la transmitió al comandante en jefe del Ejército (general Gravina), este al jefe de
la Región n.o 1 (general Cristi), este al comandante del 6.o de caballería (teniente
coronel Goldaracena), este al ocial de guardia, quien informó la decisión de los
ociales de no acatar.63
La crisis se resolvió con una reunión en Suárez, a nes de octubre,
entre el presidente Bordaberry y los altos mandos del Ejército, reunión
a la cual no se le permitió el ingreso al ministro de Defensa. El resultado
fue la aceptación por parte del presidente de ocho puntos planteados por
los mandos castrenses, entre los que se incluían la permanencia en pri-
sión de los médicos detenidos, la absoluta independencia de los militares
para la represión de los ilícitos económicos y la inamovilidad de los altos
mandos de las . Por su parte, el ministro de Defensa Augusto Legnani
renunció a la cartera al perder de hecho su autoridad cuando, una vez
62 Marcha. (20 de octubre de 1972). El río sigue revuelto.
63 Marcha. (27 de octubre de 1972). El poder detrás del trono.
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que denió la destitución del coronel Trabal de la jefatura del Servicio
de Información de Defensa, este no la aceptó y se mantuvo en el cargo.
Los ilícitos económicos fueron otro factor de la escalada militar. En
agosto, el semanario daba cuenta de una asamblea del Club Naval que
«denió seis formas de subversión» diferenciando básicamente entre la
subversión armada y la subversión económica.64 Con el aval presidencial
para investigar y reprimir este tipo de delitos y la creación de la Comisión
de Represión de Ilícitos Económicos, las detuvieron a distintas perso-
nalidades de renombre en el ámbito empresarial y político, entre las que
se destacan Jorge Peirano Facio, Eduardo Sanguinetti, Jorge Bordaberry
y Jorge Batlle (Demasi, 1996; Jalabert D’Amado et al., 2022). La deten
-
ción de Batlle generó un conicto particular, puesto que se trataba del
líder del principal sector aliado al gobierno, cuyos ministros (Sanguinetti
en Educación, Forteza en Economía y Pintos Risso en Obras Públicas)
renunciaron al conocerse la noticia.
Mientras el ministro de Educación renunciante, Sanguinetti, seguía de-
fendiendo su proyecto de ley de educación por cadena de radio y televisión,
volvía a su banca de diputado para interpelar al recién asumido ministro
de Defensa Armando Malet atribuyendo motivos políticos a la detención
del líder de Unidad y Reforma y señalando como responsable del episodio
al general Esteban Cristi. Finalmente, Jorge Batlle fue liberado el 17 de
noviembre bajo régimen de libertad provisional al mismo tiempo que
el Ejecutivo promulgaba la ley de delitos económicos (ley n.o 14.905),
institucionalizando así la comisión creada.
El último envión de los militares en el año fue la arremetida contra
el senador Wilson Ferreira Aldunate luego de que este difundiera ante
la prensa una orden militar secreta por la cual se autorizaba a buques
de bandera argentina a pescar en aguas jurisdiccionales uruguayas. El
64 Marcha. (11 de agosto de 1972). Las seis formas de la subversión.
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juez militar de cuarto turno solicitó el desafuero del senador,65 como ya
lo había dispuesto en otra instancia la justicia militar para el diputado
frentista Ferrer.66 El desafuero del senador nacionalista, a diferencia
de lo ocurrido con el destituido y procesado diputado frentista, quedó
nalmente sin efecto.
Marcha siguió a lo largo del año, con cautelosa ocupación, la avanzada
castrense, y en reiteradas ediciones armó la necesidad de fortalecer el
poder civil frente al militar. Cuando sucedió el episodio de los médicos
detenidos, el semanario armó que el hecho signicó «la armación de un
nuevo poder», al tiempo que destacó que «el crecimiento del poder militar
[…] frente al poder civil surgió de un proceso» y cargó responsabilidades
en los parlamentarios que fueron otorgándole poder a las al «no
analizar los hechos para buscarle soluciones» y encarar «la guerra como
una simple sucesión de operativos militares».67 Finalmente, al terminar
octubre sostenía:
De lo que se trata, pura y simplemente, es de que el poder militar no sustituya
al poder civil […] y no debemos caer en el trágico error de solazarnos cuando la
máquina empieza a devorar a quienes la pusieron en marcha y en el no menos
trágico error de creer que los enemigos de nuestros enemigos, por el solo hecho
de serlo, lavan sus culpas y son nuestros amigos.68
A modo de cierre: «El país va camino a dejar de ser un país»69
La aguda crisis económica que el país ya arrastraba se profundizó durante
el año, acompañada de extremos niveles de «violencia terrorista» y la
consecuente polarización política. La legislación represiva incrementó el
65 Marcha. (24 de noviembre de 1972). En nuestro río mandan otros.
66 Marcha. (11 de agosto de 1972). El desafuero del diputado Ferrer.
67 Marcha. (20 de octubre de 1972). El río sigue revuelto.
68 Marcha. (27 de octubre de 1972). Confusiones peligrosas.
69 Marcha. (25 de mayo de 1972). El garrote y la sonrisa.
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DOI: 10.56149/3046-420x.2025.01.10
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autoritarismo del gobierno, mientras que el proceso de creciente auto-
nomía militar caracterizó la dinámica de aquel período. En una mirada
retrospectiva, 1972 no solo fue la antesala del golpe, sino también el año en
que se incubaron tensiones y dinámicas que siguen interpelando nuestra
comprensión de aquel quiebre histórico.
En ese marco, lejos de limitarse a una mera narración de los acon
-
tecimientos, las páginas del semanario Marcha ofrecieron una lectura
crítica del proceso de degradación democrática y radicalización de la
violencia política que contextualizó estas dinámicas en una crisis estruc-
tural del sistema político nacional. Imbricando los aspectos políticos con
los económicos y sociales, el periódico dirigido por Quijano denunció
enfáticamente el autoritarismo incipiente y la extrema violencia política
mostrándose siempre como «un defensor indeclinable e insobornable de las
libertades, públicas e individuales» (Alfaro, 1984, p.63). Ante el avance de
lo que catalogaría como «la era militar», la prédica de Marcha signicó un
espacio de resistencia cultural-intelectual que no solamente documentó
el clima de época, sino que se posicionó ante él.
Referencias
Fuentes
Chiet, G. (22 de diciembre de 1972). El año de la furia. Marcha.
Junta de Comandantes en Jefe. (1978). El proceso político. Las fuerzas armadas
al pueblo oriental (Vol. 2). Fuerzas Armadas Uruguayas.
Marcha. (7 de enero de 1972). El retorno de los brujos.
Marcha. (7 de enero de 1972). Especular es ganar.
Marcha. (14 de enero de 1972). La elección y sus sombras.
Marcha. (21 de enero de 1972). Informe sobre presos políticos.
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Marcha. (11 de febrero de 1972). La carne y la rosca.
Marcha. (3 de marzo de 1972). A la paz por la justicia.
Marcha. (3 de marzo de 1972). El régimen continúa.
Marcha. (10 de marzo de 1972). Crueldad y cambio de imagen.
Marcha. (10 de marzo de 1972). Fuego en la asamblea.
Marcha. (17 de marzo de 1972). Balance necesario.
Marcha. (17 de marzo de 1972). ¿Ley de seguridad o matanza legalizada?
Marcha. (24 de marzo de 1972). Paso de los Toros. Torturas en depen-
dencias del Ejército.
Marcha. (7 de abril de 1972). Abolición de .
Marcha. (7 de abril de 1972). Carne y abstinencia.
Marcha. (7 de abril de 1972). La subversión permitida.
Marcha. (7 de abril de 1972). Las raíces del desequilibrio.
Marcha. (7 de abril de 1972). Que pague la oligarquía.
Marcha. (14 de abril de 1972). Introducción a la violencia buena.
Marcha. (14 de abril de 1972). No es chiste.
Marcha. (14 de abril de 1972). Venia contra venia, puesto contra puesto.
Marcha. (21 de abril de 1972). El régimen va a la guerra.
Marcha. (21 de abril de 1972). Otras formas de la violencia.
Marcha. (28 de abril de 1972). Tablero político.
Marcha. (13 de mayo de 1972). Frutos de una política.
Marcha. (16 de mayo de 1972). La batalla por la paz.
Marcha. (25 de mayo de 1972). El garrote y la sonrisa.
Marcha. (2 de junio de 1972). No es chiste.
Marcha. (9 de junio de 1972). Tablero político.
Marcha. (16 de junio de 1972). Acuerdo, metas y opinión extranjera.
Marcha. (23 de junio de 1972). La dicultad de comer.
Marcha. (23 de junio de 1972). La muerte de Pascasio R. Báez.
Marcha. (30 de junio de 1972). Los partidos y la ley de seguridad.
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Uruguay, 1972: «El año de la furia»
Marcha. (30 de junio de 1972). No es chiste.
Marcha. (30 de junio de 1972). Pacto chico.
Marcha. (30 de junio de 1972). Uruguay, no cuentes con ellos.
Marcha. (28 de julio de 1972). Una vez más.
Marcha. (4 de agosto de 1972). La protesta de la clase media.
Marcha. (4 de agosto de 1972). Parlamento y ejército.
Marcha. (11 de agosto de 1972). El desafuero del diputado Ferrer.
Marcha. (11 de agosto de 1972). Las seis formas de la subversión.
Marcha. (18 de agosto de 1972). Secundaria en la mira del fascismo.
Marcha. (22 de setiembre de 1972). ¿Control político de la enseñanza?
Marcha. (6 de octubre de 1972). La prórroga que unos votan y otros sufren.
Marcha. (13 de octubre de 1972). Bajo el manto de la «ley de educación».
Marcha. (20 de octubre de 1972). El río sigue revuelto.
Marcha. (20 de octubre de 1972). ¿Quién manda en este país?
Marcha. (27 de octubre de 1972). Confusiones peligrosas.
Marcha. (27 de octubre de 1972). El poder detrás del trono.
Marcha. (24 de noviembre de 1972). En nuestro río mandan otros.
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desde Francia. Del Berretín.
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de Bordaberry. Fin de Siglo.
